miércoles, 12 de abril de 2017

La justicia no es pareja

Desde el Café
Bernardo Gutiérrez Parra
Hace unos años, un funcionario japonés fue acusado de carrancearse dos millones de dólares. Al tipo le esperaba un proceso donde le echarían 30 años de prisión y lo obligarían a devolver lo robado. Pero no llegó ante el juez.
Atormentado por su conciencia y por la deshonra que caería sobre su esposa e hijos, decidió hacerse el harakiri y murió en santa paz.
Horas antes y mediante una carta, pidió perdón a su familia y a la ciudadanía. Además, dio pormenores del banco donde estaba el dinero y la manera de recuperarlo. Y ya después se cercenó las tripas.
En la Unión Americana, la pena corporal para un funcionario ladrón varía de acuerdo al estado donde se haya cometido el delito. Pero la generalidad es de 25 a 30 años y la obligación de devolver lo robado. Si el sujeto se quiere ahorcar en el interior de su celda, es muy su bronca.
En México la cosa cambia.
Si un funcionario se roba 2 mil 300 millones de pesos de un programa destinado a favorecer con atención hospitalaria, médicos y medicinas a los más pobres, y a causa de ello mueren varios pacientes, no se considera un delito grave y el acusado puede salir bajo fianza.
Se penaliza el robo o el desvío de recursos pero los muertos resultantes de ese desvío ni siquiera se consideran daños colaterales. Simplemente se murieron y ya.
Eso es lo que está pasando con el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, Mauricio Audirac Murillo, preso en el penal de Pacho Viejo y a quien se acusa de desviar esa cantidad en coalición con otros sujetos.
Esos sujetos son el ex tesorero Tarek Abdalá que goza de inmunidad legislativa como diputado federal; Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Ingresos de Sefiplan y actualmente prófugo. Y el ex director del Seguro Popular, Leonel Bustos a quien se detuvo por unos días, se le concedió el beneficio de la libertad bajo caución y… se peló.
Si los aprehenden y resultan responsables, la pena será de risa en comparación al daño que ocasionaron.
En Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia y cualquier país de la Unión Europea, Tarek estaría desaforado y preso; Carlos Aguirre no andaría prófugo, Leonel Bustos jamás hubiese salido de la cárcel bajo fianza y todos estarían devolviendo lo robado.
En síntesis; en cualquier país del mundo un funcionario público ladrón paga con cárcel su delito y devuelve lo que sustrajo. México es la excepción.
Aquí se hace un largo juicio de procedencia que permite al truhan hacer con calma sus maletas mientras negocia su fuga con alguna nación extranjera. Si por la de malas lo apañan, le espera una celda a todo lujo y unos cuantos años en la cárcel.
Sin ir muy lejos, al ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, detenido en Florencia, Italia, se le acusa más o menos de los mismos delitos tanto en México como en Estados Unidos. La diferencia es que mientras aquí alcanzará una pena máxima de 22 años, en EU tendrá que soplarse dos cadenas perpetuas.
Es decir, si el tipo llega a vivir 198 años, aparte de los que tiene ahorita, los tendrá que pasar en una prisión de aquel país donde una cadena perpetua equivale a 99 años.
Es por eso que sus abogados están apelando a todos los recursos legales e ilegales con tal de que su cliente no sea juzgado en Norteamérica sino en nuestro país, donde después de vivir como jeque en una crujía VIP, saldrá al cabo de 11 años por buena conducta.
Respecto a lo que se robó, devolverá una parte y ya. Ni él ni sus familiares hasta la tercera o cuarta generación vivirán pobres.
Lo mismo sucederá con Javier Duarte. Tras la alharaca que provocará su detención, pasará una temporada en prisión de donde saldrá a gozar la fortuna que bonitamente esquilmó a los veracruzanos.
Lo dicho, la justicia no es pareja.

El estilo de Elizabeth
Tal y como lo hizo cuando fue presidenta estatal del PRI en que visitó todos los distritos de la geografía veracruzana. Y como responsable de la Profeco, donde entabló diálogo y acercamiento con los ciudadanos afectados por algún mal servicio, la nueva delegada estatal del ISSSTE, Elizabeth Morales, se ha dado a la tarea de recorrer los hospitales de su jurisdicción para saber por boca de los mismos derechohabientes, la atención que reciben.
La delegada dijo que su principal reto será brindar un servicio de calidad y calidez, velando en todo momento por la salud de los derechohabientes que en Veracruz son más de medio millón.
Con apenas unas horas en su nueva responsabilidad, Elizabeth visitó las clínicas de Xalapa y antes de que termine esta semana estará en otras de la entidad.
Ese es su estilo: mucho trabajo, recorridos y diálogo constante le permitirán saber de primera mano qué es lo que le hace falta al ISSSTE y solucionar sus problemas.
Días de guardar.- Como este jueves y viernes ni las gallinas van a poner, nos vemos el próximo lunes en este espacio. Buena Semana Santa para ti y tu familia, lector. bernardogup@hotmail.com

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